La madre de Dani Alves publicó en sus redes sociales imágenes y datos de la presunta denunciante en el caso de violación por el que su hijo está preso y procesado. A la espera del inicio del juicio que se desarrollará en España entre el 5 y el 7 de febrero, esta revelación confirma la preocupación de la víctima sobre la divulgación de su identidad, protegida por ley, y abre un interrogante sobre si podría perjudicar la situación procesal del futbolista.
Maria Lúcia Alves subió a Instagram un posteo con el mensaje “los que confían en Dios jamás pierden la batalla”, acompañado de un video en el que expone grabaciones privadas de la supuesta denunciante posteriores al hecho investigado, ocurrido el 30 de diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona. Su objetivo es cuestionar la validez de los argumentos de la demandante sobre las consecuencias que tuvo en ella lo ocurrido.
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La mamá del futbolista difundió además el nombre y edad de quien sería la denunciante, todos datos que la justicia decidió preservar y que están protegidos por normativas de género que existen en varios países del mundo. Incluso en España rige la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prohíbe “la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima y de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta”.
Esa misma ley veta “la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares”. Esto es particularmente sensible en casos de relevancia mediática como este, ya que varios artículos de prensa publicaron el nombre y las imágenes de la presunta denunciante, pese a su decisión de no dar a conocer su identidad.
A un mes del inicio del juicio contra Dani Alves
Ahora quedará en la justicia determinar si esa difusión en redes sociales afecta de alguna forma a Alves, detenido de forma preventiva desde enero del año pasado al considerar que existía riesgo de fuga, y que el próximo mes estará sentado en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía pidió nueve años de prisión para el futbolista, una indemnización a la denunciante de 150.000 euros por el delito de “agresión sexual con penetración” y otros diez años de libertad vigilada o a prueba. Por su parte, la mujer que acusó al lateral solicitó una condena de doce años de cárcel, mismo monto de indemnización y una orden de restricción de un kilómetro durante una década.
Por su parte, la defensa del futbolista reclama la absolución al argumentar que la relaciones sexuales fueron consentidas.
