La Audiencia de Barcelona autorizó que Dani Alves salga provisionalmente de prisión mientras se resuelven las apelaciones a su condena de cuatro años y medio de prisión por violación. El futbolista deberá pagar un millón de euros como fianza, entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente a un juzgado y mantener una restricción de distancia sobre la víctima.
Esta resolución supone un giro radical respecto a las decisiones adoptadas antes del juicio en las que se le negó la excarcelación. Todos los pedidos previos de la defensa para otorgarle este beneficio fueron rechazados en numerosas oportunidades, al considerar que existía un riesgo de fuga por sus conexiones y poder económico.
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Los grandes argumentos esgrimidos ahora por la justicia para justificar su nuevo fallo son dos. Por un lado, se basó en una sentencia del 2000 para esgrimir que Alves lleva en prisión preventiva unos 14 meses y el “el transcurso del tiempo” es un “factor mitigador” del criterio anterior de pensar que podría escaparse del país.
Por otro lado, valoró que “la pena finalmente impuesta se ha reducido de forma ostensible”, en relación con los 9 años que solicitó la Fiscalía y los 12 años pedido por la víctima. Este argumento fue el mismo que dio la abogada del brasileño, Inés Guardiola, al asegurar que con su cliente ya cumplió un cuarto de la pena de cuatro años y medio impuesta por un tribunal el mes pasado.
No todos los jueces de la Audiencia de Barcelona estuvieron de acuerdo con la resolución de hoy. Uno de ellos, Luis Belestá, consideró que “debería prorrogarse” la encarcelación de Alves. “El motivo de discrepancia y que no fue suficiente para convencer a mis colegas, es que los argumentos que llevaron a acordar la prisión provisional, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado”, indicó, según un comunicado oficial del Poder Judicial de España.
